El Gobierno de Chile oficializó la promulgación del Convenio N° 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento internacional adoptado en 1981 que establece principios y obligaciones para garantizar condiciones laborales seguras y saludables. La medida fue publicada este viernes en el Diario Oficial y entrará en vigor en el país el próximo 10 de junio de 2026.
El convenio, aprobado por el Congreso Nacional en marzo de 2025 y ratificado por Chile en junio del mismo año, busca establecer una política nacional coherente en materia de seguridad y salud laboral, orientada a prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Para ello, considera la adopción de medidas que reduzcan los riesgos inherentes al entorno de trabajo y promuevan condiciones adecuadas tanto físicas como mentales para los trabajadores.
Principales cambios
Entre sus principales disposiciones, el instrumento establece que los Estados deberán formular, implementar y revisar periódicamente políticas públicas en esta materia, en consulta con organizaciones de empleadores y trabajadores. Asimismo, contempla la creación de sistemas de inspección, la generación de estadísticas sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales, y la promoción de la formación en seguridad y salud en todos los niveles educativos.
A nivel empresarial, el convenio impone obligaciones específicas a los empleadores, como garantizar que los lugares de trabajo, equipos y procesos sean seguros, así como proporcionar información, capacitación y elementos de protección adecuados. También reconoce el derecho de los trabajadores a interrumpir sus labores ante situaciones que representen un peligro grave e inminente para su vida o salud, sin sufrir consecuencias injustificadas.
La promulgación de este convenio refuerza el compromiso de Chile con los estándares internacionales en materia laboral y de protección de los trabajadores, incorporando un marco normativo que promueve la cooperación entre el Estado, las empresas y los trabajadores para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades económicas del país.