Ley Marco de Ciberseguridad: publican nómina preliminar de operadores de importancia vital (OIV)

Santiago, 24 de abril de 2026. Chile dio un nuevo paso en la implementación de su marco de ciberseguridad tras la publicación oficial de la nómina preliminar de Operadores de Importancia Vital (OIV), que identifica a las empresas e instituciones esenciales para el funcionamiento del país.

La medida fue anunciada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad en el Diario Oficial y forma parte de la aplicación de la Ley N° 21.663, que regula la protección de infraestructura crítica frente a amenazas digitales.

¿Qué son los Operadores de Importancia Vital (OIV)?

Los OIV son organizaciones públicas y privadas cuya interrupción, afectación o ciberataque podría generar un impacto significativo en servicios esenciales o en la seguridad nacional.

Sectores incluidos en la lista

La nómina preliminar incorpora empresas de múltiples sectores estratégicos, entre ellos:

  • Energía y combustibles
  • Agua potable y saneamiento
  • Transporte aéreo, terrestre y marítimo
  • Telecomunicaciones y servicios digitales
  • Salud y farmacéutica
  • Servicios financieros y seguridad social
  • Logística, mensajería e infraestructura concesionada

Entre las entidades identificadas se encuentran sanitarias, aerolíneas, concesionarias de autopistas, laboratorios farmacéuticos, empresas tecnológicas, clínicas y organismos del Estado.

Consulta pública y próximos pasos

La lista publicada es preliminar y da inicio a un proceso de consulta pública, donde las organizaciones incluidas podrán presentar observaciones, antecedentes y descargos.

Esta etapa es clave antes de la definición final de los operadores que estarán sujetos a nuevas obligaciones en ciberseguridad, como:

  • Gestión de riesgos digitales
  • Reporte obligatorio de incidentes
  • Implementación de estándares de protección
  • Supervisión por parte de la autoridad

Por qué es relevante

La identificación de los OIV marca un hito en la estrategia de ciberseguridad de Chile, al establecer un marco más robusto para proteger servicios esenciales frente a crecientes amenazas digitales.

Con esta medida, el país busca fortalecer la resiliencia de su infraestructura crítica y alinearse con estándares internacionales en materia de seguridad digital.