La iniciativa también busca aumentar de tres a cinco los integrantes del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales y ampliar las obligaciones aplicables durante la etapa inicial de implementación.
El Gobierno presentó un proyecto de ley que modifica la Ley N° 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. La propuesta busca fortalecer la nueva institucionalidad y entregar un mayor plazo para que las organizaciones puedan adecuar sus procesos a las nuevas exigencias legales.
Uno de los principales cambios planteados es postergar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.719. La normativa había establecido inicialmente su entrada en vigencia para el 1 de diciembre de 2026.
Una nueva estructura para la Agencia de Protección de Datos Personales
El proyecto también propone modificar la composición del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales. Actualmente, la Ley 21.719 contempla tres consejeros; la iniciativa plantea aumentar este número a cinco integrantes, con un quórum mínimo de tres para adoptar acuerdos.
De acuerdo con el mensaje presidencial, el cambio busca fortalecer la capacidad técnica del organismo y asegurar su continuidad operativa frente a eventuales ausencias, impedimentos o vacancias. La propuesta establece que los consejeros tendrán una duración de seis años, sin posibilidad de ser designados para un nuevo período, y que el Consejo se renovará parcialmente cada dos años.
La Agencia tendrá entre sus atribuciones materias relevantes para las organizaciones que realizan tratamiento de datos personales, como dictar instrucciones y normas generales, establecer estándares de cumplimiento y seguridad, entregar orientaciones sobre evaluaciones de impacto, aprobar instrumentos para transferencias internacionales y tramitar procedimientos sancionatorios.
Más tiempo para que las organizaciones se adapten
La iniciativa sostiene que la amplitud de los sectores alcanzados por la nueva regulación y las adecuaciones jurídicas, técnicas y organizacionales que deberán realizar los responsables de datos justifican contar con un período adicional de implementación.
En este contexto, la postergación propuesta entrega a las organizaciones un plazo adicional para revisar y adaptar sus procesos de tratamiento de datos personales antes de la entrada en vigor del nuevo régimen.
Sin embargo, el proyecto también plantea eliminar una limitación contemplada en el artículo sexto transitorio de la Ley 21.719. Actualmente, dicha disposición restringe durante los primeros doce meses la posibilidad de que la Agencia aplique una amonestación por escrito a empresas de menor tamaño. La propuesta busca eliminar esta referencia y hacer aplicable la disposición a todos los obligados por la ley.
¿Qué implica para las empresas?
Si el proyecto es aprobado en los términos propuestos, las organizaciones contarían con un período adicional para avanzar en la adecuación de sus políticas, procedimientos y medidas relacionadas con el tratamiento y protección de datos personales.
La Ley 21.719 establece un régimen aplicable al tratamiento de datos personales realizado por personas naturales o jurídicas, incluidos los organismos públicos. Por ello, la postergación propuesta no implica eliminar las nuevas obligaciones, sino modificar el calendario previsto para su entrada en vigencia y ajustar el proceso de instalación de la institucionalidad encargada de fiscalizar su cumplimiento.
El proyecto consta de un artículo único y dos disposiciones transitorias. Además de modificar la composición del Consejo y postergar la entrada en vigencia, establece nuevas reglas para la primera designación de sus integrantes y dispone que los consejeros perciban su remuneración desde la fecha en que se entiendan nombrados, quedando sujetos desde entonces a dedicación exclusiva e incompatibilidades.
La iniciativa fue ingresada al Senado el 31 de agosto de 2026 como Boletín N° 18.623-07 y corresponde a un proyecto de ley iniciado mediante Mensaje Presidencial.
Fuente: Senado